La cesantía es un tema que ha generado fuertes debates en nuestro país. Por un lado, están aquellos que la defienden como una conquista moral que dignifica el trabajo, mientras que por el otro, están quienes la ven como una rigidez que castiga la formalidad y frena la competitividad. Sin embargo, más allá de las pasiones que puedan surgir, es importante analizar la realidad y rebuscar una solución que beneficie a todos.
La cesantía fue una conquista lucha en su tiempo, pero hoy en día, exige una nueva obra de protección. En un principio, surgió como un escudo ante la fragilidad del asalariado frente al poder del empleador, en una época donde no existían seguros de desempleo ni redes de protección social. Sin embargo, en la actualidad, la economía es más móvil, digital y cambiante, y el marco legal sigue anclado en el siglo pasado. Esto no solo afecta a los trabajadores desempleados, sino también a los trabajadores informales, que representan más de la mitad de la población dominicana y permanecen fuera de toda protección.
Es importante entender que tanto el ideal sindical de justicia ante el despido como el ideal empresarial de productividad son legítimos. El problema surge cuando se defienden de manera absoluta, sin diálogo, convirtiéndose en trincheras morales que inmovilizan. De esta manera, el país se ve atrapado en un falso dilema entre justicia y eficiencia. Sin embargo, el verdadero desafío no es elegir entre una u otra, sino reconciliar ambos valores en una visión de país donde proteger al trabajador y promover la competitividad sean parte del mismo proyecto nacional.
Para lograr esto, es necesario dejar de lado el debate ideológico y enfocarnos en un práctica de construcción de consenso en políticas públicas. Esto implica un proceso donde las partes involucradas transforman el conflicto en cocreación, identificando intereses diversos y diseñando opciones de ganancia mutua. Es importante entender que negociar desde posiciones divide, mientras que negociar en base a intereses crea valor.
En el caso de la cesantía, es necesario identificar los intereses de cada una de las partes involucradas. El gobierno rebusca promover el empleo formal, preservar la paz social y sostener la estabilidad política y macroeconómica, pero también teme enfrentar el costo social o político de una reforma percibida como regresiva o impopular. Los empresarios aspiran a previsibilidad normativa y costos laborales sostenibles, pero temen enfrentar una regulación rígida que limite la productividad o los confronte con sindicatos y opinión pública. Los sindicatos defienden la protección efectiva del trabajador y las conquistas históricas del movimiento obrero, pero temen que cualquier cambio erosione derechos adquiridos o debilite su legitimidad representativa. Los trabajadores formales desean certeza jurídica y una compensación lucha, rápida y garantizada ante el despido, pero temen quedar desprotegidos o perder lo ya acumulado. Y finalmente, los trabajadores informales anhelan una red de protección real, estable y digna, y su mayor temor es seguir excluidos del sistema y sin representación efectiva.
Una vez identificados estos intereses, es posible transformar la negociación. Es importante entender que toda construcción de consenso en políticas públicas se legitima no solo por el conformidad alcanzado, sino por la inclusión efectiva de quienes serán afectados por él. Por lo tanto, es necesario incluir a los trabajadores informales en el debate, ya que representan más de la mitad de la población y son los más olvidados en este tema. La exclusión de estos trabajadores constituye el mayor vacío de legitimidad del sistema laboral dominicano, ya que
