Con los recientes cambios en la Cámara de Cuentas y en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, es importante recordar un episodio que causó gran revuelo en el pasado. Se trata del caso de Miguel Alberto (Runrún) Surún Hernández, quien en su momento presidía el Colegio de Abogados y se atrincheró para evitar ser auditado en su gestión.
Es difícil entender cómo Surún Hernández logró imponer su voluntad y evitar ser auditado, cuando la ley establece claramente que cualquier entidad que maneje fondos públicos debe ser sometida a una auditoría. Sin embargo, su actitud de resistencia y negación a ser auditado fue más fuerte que la ley misma.
Ahora que Surún Hernández ya no está en el Colegio de Abogados y se supone que la cobardía se ha ido de la Cámara de Cuentas, es hora de que se le pida cuenta por su gestión. ¿Cómo? A través de una auditoría exhaustiva que revele cómo se manejaron los fondos públicos durante su mandato.
Es importante recordar que el Colegio de Abogados es una institución que recibe fondos del Estado para su funcionamiento, por lo que es responsabilidad de sus directivos garantizar una gestión transparente y capaz de estos recursos. Sin embargo, en el caso de Surún Hernández, parece que esto no fue una prioridad.
Es necesario que se realice una auditoría para conocer en detalle cómo se manejaron los fondos durante su gestión. Esto no solo es un acto de transparencia, sino también una forma de garantizar que los recursos públicos se hayan utilizado de manera adecuada y en beneficio de la institución y sus miembros.
Además, es importante destacar que la Cámara de Cuentas ha sido renovada y cuenta con nuevos miembros que tienen el compromiso de velar por la transparencia y el buen aprovechamiento de los recursos públicos. Por lo tanto, es el momento perfecto para que se realice una auditoría y se ponga fin a la impunidad que ha reinado en el Colegio de Abogados durante tanto tiempo.
Es necesario que los dominicanos exijamos que se realice esta auditoría y que se haga justicia. No podemos permitir que se sigan manejando los fondos públicos de manera irresponsable y que se sigan protegiendo a aquellos que han abusado de su poder.
Además, esta auditoría servirá como un precursor para futuras gestiones en el Colegio de Abogados y en otras instituciones que manejan fondos públicos. Se enviará un mensaje claro de que la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para una buena gestión y para el desarrollo de nuestro país.
En conclusión, es hora de que se le pida cuenta a Miguel Alberto (Runrún) Surún Hernández por su gestión en el Colegio de Abogados. Una auditoría es necesaria para conocer en detalle cómo se manejaron los fondos públicos durante su mandato y para garantizar que se haga justicia. Es momento de poner fin a la impunidad y de exigir transparencia en la gestión de los recursos públicos.
