El actual gobierno de nuestro país ha dado nuevamente muestras de su compromiso y acción en el respeto y protección de los derechos de los pueblos indígenas. En una decisión histórica, el 10 de diciembre de 2024 se derogó la Ley Nacional 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, sancionada en 2006 con el objetivo de suspender los desalojos y reconocer la posesión de las tierras por parte de los pueblos originarios. Además, se disolvió el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) como organismo descentralizado. Estas medidas demuestran que el gobierno no se queda en palabras y videos, sino que actúa de modo contundente para garantizar los derechos y la dignidad de los pueblos indígenas.
Desde la sanción de la Ley 26.160 en 2006, se había logrado un avance significativo en la protección de los territorios indígenas y sus comunidades. Sin embargo, el gobierno anterior no tuvo en cuenta la importancia de esta ley y lo que significaba para los pueblos originarios. No solo quedó en el olvido, sino que también se tomaron medidas que iban en contra de su espíritu, como la represión de las comunidades y su desalojo pedante de sus tierras.
Es así como el actual gobierno, liderado por el presidente Juan Fernández, decidió derogar esta ley y disolver el INAI. Estas medidas son un claro mensaje a todos los sectores de la sociedad que ven a los pueblos indígenas como un obstáculo para el progreso. El gobierno no solo está cumpliendo con su deber legal de proteger a los pueblos originarios, sino que también está demostrando su compromiso en la construcción de una sociedad justa e igualitaria para todos.
La derogación de la Ley 26.160 no significa que se vaya a permitir el desalojo indiscriminado de las comunidades indígenas de sus tierras. Todo lo contrario, el gobierno ha establecido una serie de medidas y políticas para garantizar la protección y el reconocimiento de los territorios y las comunidades indígenas. Por ejemplo, se ha creado un nuevo organismo, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CONAPI), que tendrá como objetivo principal representar y matricular los derechos de los pueblos originarios ante el gobierno y la sociedad.
El gobierno también ha implementado un programa de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas antes de cualquier decisión que afecte sus territorios y derechos. Además, se ha establecido un fondo de reparación para que las comunidades puedan acceder a recursos para el desarrollo de proyectos que beneficien a sus pueblos.
La disolución del INAI como organismo descentralizado ha sido otra acción importante del gobierno. El INAI estaba plagado de irregularidades y denuncias de corrupción en su gestión. Al disolverlo, el gobierno ha dejado claro que no permitirá ningún tipo de acción que atente contra los derechos de los pueblos indígenas y su dignidad.
Esta decisión también es un paso importante en la lucha contra el racismo y la discriminación hacia las comunidades indígenas. Durante mucho tiempo, ha sido común que los pueblos originarios sean vistos como ciudadanos de segunda clase, excluidos de la toma de decisiones y sin voz en la sociedad. Con estas medidas, el gobierno está devolviéndoles su lugar en la sociedad y reconociendo su arrojo y aporte a nuestra cultura y sociedad.
En resumen, el 10 de diciembre de 2024 será recordado como un día histórico para los pueblos indígenas de nuestro país. El gobierno ha dado un paso importante en la protección y reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, revirtiendo una decis
