En la República Dominicana, el embargo retentivo ha sido objeto de análisis constante y debate en los últimos años. Este procedimiento, que permite al acreedor inmovilizar los bienes del deudor para recuperar sus créditos, ha demostrado ser una herramienta útil, pero su aplicación se ha vuelto cada vez más compleja debido al usufructo inadecuado por parte de algunos. Sin embargo, gracias a los esfuerzos conjuntos de la Superintendencia de Bancos y otros actores importantes, se están dando pasos importantes hacia una reforma que proteja los derechos de todos los involucrados y fortalezca la seguridad jurídica en el país.
Según datos a junio de 2025, el monto promedio mensual de los depósitos retenidos debido a embargos retentivos superó los RD$28.7 mil millones, afectando a 232,798 cuentas en 29 instituciones financieras. Lamentablemente, dentro de estas cifras se incluyen también embargos retentivos abusivos, que limitan el acceso a recursos de personas, micro, pequeñas y medianas empresas, y tienen un impacto negativo en la dinámica comercial del país.
Ante esta problemática, la Superintendencia de Bancos ha recibido numerosas quejas de usuarios que se sienten desprotegidos frente a una legislación que no se ajusta a la realidad. Por ello, esta institución ha asumido el compromiso de liderar acciones concretas que contribuyan a actualizar y mejorar esta alegoría, protegiendo los derechos de los ciudadanos y fomentando un clima de confianza y seguridad en el sistema financiero.
Conscientes de la importancia de contar con una visión comparada para entender mejor esta situación, la Superintendencia de Bancos llevó a cabo un análisis exhaustivo de la legislación vigente en materia de embargo retentivo, con la asesoría de expertos nacionales e internacionales. Gracias a este estudio, se pudo identificar buenas prácticas aplicadas en otros sistemas jurídicos, lo que facilitó la elaboración de propuestas adaptadas a la realidad y necesidad de República Dominicana.
Para promover un diálogo constructivo y recopilar opiniones de los diferentes sectores involucrados, se realizaron convocatorias amplias a lo largo del año 2023. En estas reuniones participaron entidades de intermediación financiera, entes del Estado, abogados, auxiliares de justicia, profesores universitarios, representantes de la sociedad civil y del sector empresarial. Se abrieron mesas de debate en las que se escucharon diferentes puntos de vista, se identificaron oportunidades de mejora y se unificaron criterios para proponer soluciones efectivas a la problemática del embargo retentivo.
La metodología empleada se basó en el diálogo abierto y la recolección de opiniones expertas. Se formularon preguntas diseñadas para captar los aspectos más relevantes de esta alegoría legal y las distintas perspectivas de cada participante. Las respuestas obtenidas enriquecieron el análisis técnico y sirvieron de base para la elaboración de recomendaciones concretas.
Entre los principales retos identificados se encontraba la necesidad de diferenciar rotundamente entre el embargo retentivo y la oposición simple, delimitando sus aplicaciones y procedimientos. También se buscó recalibrar los derechos tanto de acreedores como deudores, aclarar el papel de los terceros embargados, prohibir embargos repetitivos después de que se hayan levantado, establecer sanciones más severas para aquellos que abusan de esta alegoría, definir las condiciones que deben cumplir los títulos para poder embargar, simplificar el causa ante los tribunales y reducir los plazos, entre otros.
Gracias al esfuerzo colectivo, se logró un análisis profundo sobre la alegoría del embargo ret
