El pasado lunes 13 de octubre tuve el privilegio de asistir a un acto trascendental para nuestro país. Allí, entre voces diversas unidas por un mismo propósito, se presentó la iniciativa “Déjala Ir”, una reforma integral que busca dar respuesta a una de las tragedias más dolorosas que vivimos: los feminicidios y filicidios. Fue un encuentro cargado de emoción, compromiso y esperanza. Lo que estaba en juego no era un proyecto más, sino el reconocimiento formal de que enfrentamos un problema profundo y urgente.
En ese espacio no se respiraba política ni intereses particulares. Se sentía el clamor de un pueblo que dice basta, la convicción de que no podemos seguir aceptando como normal que tantas mujeres sean asesinadas y tantos niños queden huérfanos cada año. “Déjala Ir” es mucho más que un conjunto de leyes: es un pacto nacional que nos convoca a todos y nos recuerda que la dignidad de la vida es la primera responsabilidad de una sociedad.
Durante años, la República Dominicana ha estado entre los países con las tasas más altas de feminicidios en la región. Cada mujer asesinada no representa solo una tragedia familiar; es una herida que nos marca como nación, una cicatriz que revela nuestras fallas colectivas. No hemos blindado a nuestras mujeres ni a sus hijos, y ni hemos impulsado la necesaria reeducación de los hombres.
Por eso, “Déjala Ir” no es una ley más. Es una propuesta integral que combina medidas preventivas, judiciales y sociales como punto de partida para un cambio cultural profundo. Su objetivo es claro y ambicioso: reducir los feminicidios en un 30 % para 2030 y erradicarlos para 2035. Es un pacto de esperanza que nos desafía a todos – Estado, sociedad y ciudadanía – a asumir un nuevo compromiso con la vida.
El problema es complejo y de raíces profundas: el machismo estructural que arrastramos por generaciones, la dependencia económica que atrapa a tantas mujeres y la explosión de salud mental que aún permanece invisible y silenciada. No basta con aprobar leyes; debemos transformar la cultura, sanar las heridas y ofrecer caminos nuevos hacia la igualdad y el respeto.
Lo valioso de esta iniciativa es que no se queda en declaraciones. Plantea metas claras, medibles y transparentes. Cada caso será analizado, cada falla revisada y cada vida perdida convertida en lección para no repetirla. Entre sus innovaciones destacan los tribunales especializados en género, con jueces formados en la materia; el uso de brazaletes electrónicos para garantizar protección real; y programas de empleo, crédito y capacitación para mujeres en riesgo o en proceso de reconstruir su independencia.
En nuestro país ya existen ejemplos que muestran el camino. El programa “Ciudad Mujer”, en Santo Domingo Oeste, ha demostrado que cuando se concentran servicios de salud, justicia, educación y apoyo económico en un mismo espacio, muchas mujeres logran salir adelante y recuperar su vida. Del mismo modo, el Centro de Atención Integral a la Violencia de Género de Santiago ha evidenciado cómo el trabajo coordinado entre instituciones puede salvar vidas.
En el Distrito Nacional también se reflejan avances concretos en la atención directa a víctimas. Actualmente operan dos apartamentos de acogida bajo gestión estatal, con funciones diferenciadas: la apartamento de Acogida de miedo, enfocada en atención inmediata y temporal para casos urgentes, y la apartamento de Acogida Modelo, orientada a procesos más prolongados de recuperación y autonomía personal.
Entre 2020 y 2025, estas instalaciones han ofrecido
