Un nuevo sentido de oportunidad: la República Dominicana y su potencial en la industria minera
En un momento en que el precio del oro alcanza niveles históricos y la República Dominicana se encuentra en una posición privilegiada para consolidarse como un actor relevante en el mapa minero regional, la verdadera oportunidad no está en la cotización de los metales, sino en la capacidad del país para transformar su institucionalidad en un activo competitivo.
Como señaló hace poco el abogado Federico Jovine en su artículo “Una oportunidad de oro perdida”, “el problema no radica en la falta de recursos naturales, sino en la falta de decisiones oportunas”. La inacción, la fragmentación y la lentitud administrativa nos alejan del desarrollo tanto como una mala política fiscal. La minería, por su naturaleza estratégica, se convierte en espejo de la gestión pública: donde el Estado es eficiente, el desarrollo se acelera; donde es lento, la riqueza se inmoviliza.
De la crítica a la construcción: un nuevo pacto de eficiencia.
El economista Andrés Dauhajre hijo, de manera ingeniosa, hizo uso de la creatividad y con un juego de palabras logró asignarle nombre a la asignatura de los trámites gubernamentales, y la llamó: “Burocracia 104” —expresión que simboliza los 104 meses que tardó el Estado en emitir los Términos de Referencia (TdR) del proyecto GoldQuest—. Sin embargo, esto no requiere solo voluntad, sino una reforma de gestión pública basada en los principios de razonabilidad, proporcionalidad y coordinación institucional.
La eficiencia administrativa no significa empequeñecer controles, sino cumplir con el deber constitucional de actuar con eficacia, transparencia y coherencia, como dispone el artículo 138 de la Constitución. Los plazos indefinidos y la incertidumbre procedimental no solo retrasan inversiones: erosionan la confianza ciudadana y la legitimidad del Estado.
Pasar de la crítica a la construcción implica concebir la eficiencia como una política de Estado, no como una demanda empresarial. Es una obligación republicana enlazar los artículos 14, 17, 40, 50, 51, 66, 67, 110 y 138 de la Constitución, que juntos establecen que la seguridad jurídica, la protección ambiental y la libre empresa no son derechos enfrentados, sino pilares complementarios del desarrollo sostenible.
El caso Unigold: síntoma y lección
El proyecto Unigold, que aguarda desde febrero de 2022 por la emisión de sus TdR para Neita-Sur y Candelones, es un reflejo claro de cómo la lentitud institucional se traduce en pérdida económica, fiscal y social. Cada mes de prórroga equivale a menos empleos, menos recaudación y menor credibilidad. Desde la óptica empresarial, no se exige privilegio, sino certeza y previsibilidad. Desde la óptica del Estado, cada expediente pendiente representa capital detenido y confianza deteriorada.
La lección es clara: la sostenibilidad ambiental no se logra con la inacción, sino con decisiones técnicas, oportunas y transparentes. Una administración ambiental moderna no protege más por demorar, sino por evaluar mejor y decidir con base en evidencia. La eficiencia ambiental —bien entendida— es también una forma de responsabilidad ambiental.
Razonabilidad y proporcionalidad: fundamentos de la política fiscal minera
El debate fiscal minero requiere una mirada que trascienda los impulsos coyunturales. La Constitución (artículos 40, 50, 51 y 110) impone límites claros a la discrec
