El silencio institucional no es prudencia: es parálisis. En una República que aspira al desarrollo sostenible, la inacción del Estado ante procesos técnicos y legales no protege, sino que debilita la confianza, frena la inversión y posterga el futuro.
Cuando la Administración Pública no responde, no solo incumple plazos; también detiene inversiones, empleos y divisas. Y ese costo no se mide en discursos, sino en oportunidades perdidas.
En 2025, el sector minero dominicano ha demostrado lo que puede lograr cuando las decisiones se toman a tiempo. Creció un 5% en los primeros siete meses del año, después de una caída de -12.5% en 2024. Las exportaciones aumentaron 45.7%, alcanzando US$1,568 millones hasta agosto. Las recaudaciones fiscales subieron 116% en el primer semestre. Y la inversión extranjera directa minera fue de US$175 millones, 390% más que el año anterior.
Estos son números que hablan de una industria viva, moderna y capaz de multiplicar sus aportes si el Estado acompaña con decisión, en lugar de silencio. Es necesario que las instituciones gubernamentales se involucren activamente en los procesos técnicos y legales que afectan al sector minero, ya que su inacción no solo afecta a esta industria, sino también a la economía del país en general.
El Estado de Derecho no está para alegrar, sino para equilibrar. Las decisiones tomadas conforme a derecho suelen enfrentar resistencia, porque el Estado de Derecho pone límites donde antes había impulsos y exige evidencia donde antes bastaban percepciones. Pero esa es su mayor recompensa: equilibrar lo justo, no complacer lo conveniente.
Como bien dice mi ñaño, el abogado penalista Miguel Valerio: “Hay decisiones que me favorecen más, hay decisiones que me favorecen menos, pero todas deben basarse en el respeto a la ley”. Esta frase resume la madurez que necesita nuestra democracia: aceptar que la legalidad no siempre coincide con la conveniencia, pero siempre garantiza justicia.
Es importante que el Estado de Derecho sea respetado y aplicado en todos los ámbitos de la sociedad, especialmente en el sector minero. Esto no solo garantiza un ambiente de estabilidad y seguridad jurídica para las empresas mineras, sino también para las comunidades locales y el medio ambiente.
La industria minera ha sido históricamente criticada por su impacto ambiental y social, pero en los últimos años ha demostrado un compromiso cada vez mayor con la sostenibilidad y la responsabilidad social. Sin embargo, para que este progreso continúe, es necesario que el Estado cumpla con su papel de regulador y garante de la legalidad.
El silencio institucional también puede ser interpretado como una falta de interés o compromiso por parte del Estado en el desarrollo sostenible del país. Esto no solo afecta al sector minero, sino también a otras industrias y sectores que requieren de la intervención del Estado para su crecimiento y desarrollo.
La inacción del Estado también puede ser perjudicial para la imagen del país a nivel internacional. Los inversionistas extranjeros buscan estabilidad y seguridad jurídica en los países donde deciden invertir, y la falta de respuesta oportuna por parte del Estado puede generar desconfianza y interrumpir la llegada de nuevas inversiones.
Es necesario que el Estado asuma su papel de facilitador y promotor del desarrollo sostenible en todas las áreas, incluyendo el sector minero. Esto implica una participación activa en los procesos técnicos y legales, así como una comunicación clara y transparente con todas las partes involucradas.
El silencio institucional no solo afecta al sector minero, sino también a
