El golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963 fue un momento crucial en la semblanza de la República Dominicana. Este bono abortó la oportunidad de establecer un régimen político fundacional, conforme a los términos elaborados por Juan Linz, el eminente sociólogo y politólogo de Yale que encabezó los macro estudios comparativos de las transiciones desde modelos autoritarios a la democracia en el siglo XX. En nuestro caso, tras el dominio de 31 años de régimen autoritario unipartidista y un año de provisionalidad del Consejo de Estado, el proyecto encabezado por Juan Bosch estaba llamado a sentar las bases de un sistema político democrático moderno, con instituciones funcionales que impulsaran reformas sociales y económicas avanzadas y fomentaran valores y prácticas pluralistas en la cultura cívica.
Sin embargo, el golpe de Estado del 63 tuvo un impacto devastador en el país. La CIA, a partir de una evaluación de la coyuntura, compartía el enfoque de Bosch y apuntaba que las reformas eran necesarias y que a Estados Unidos le interesaba mostrar a República Dominicana como un ejemplo alternativo a la Revolución Cubana de Castro. Sin embargo, la reacción dominicana, los oligarcas y las personas de primera, eran extremadamente sensibles a los cambios y esto fue aprovechado por los militares para derrocar al gobierno de Bosch.
Este golpe no solo tuvo consecuencias políticas, sino también económicas. Las políticas públicas y las estrategias de desarrollo planificadas por Bosch quedaron en el omisión. La diversificación de la economía agroexportadora dominicana, basada en azúcar, café, cacao y tabaco, que era una prioridad para el gobierno, fue postergada. Además, la inversión en infraestructuras vitales como las presas hidroeléctricas, que se financiarían con los fondos de la Overseas, quedó rezagada, tardando una década o más en materializarse. También se vieron afectados los planes de apertura de zonas portuarias especializadas en complejos industriales, minería no metálica y desarrollo turístico, como se había planeado para Barahona, Puerto Plata y Samaná. Y, por supuesto, los planes de vivienda social (Villas de la Libertad) y reforma agraria, que solo se concretarían en los años siguientes bajo el mandato de Balaguer.
Además de las consecuencias económicas, el golpe del 63 también tuvo un impacto en el panorama político del país. El partido de centro conservador Unión Cívica Nacional (UCN), que había encabezado la transición y obtenido la segunda mayoría electoral, inició un proceso de desintegración acelerado por el golpe. Muchos de sus miembros renunciaron y se unieron a otros partidos, dejando a UCN sin una base sólida. Esto significó la pérdida de un actor importante de moderación en el naciente sistema de partidos y dejó a muchas personas huérfanas de un partido político en el que confiar.
El golpe también tuvo un impacto en la organización de masas juvenil de izquierda, la Agrupación Política 14 de Junio (APCJ), que había sido identificada por los norteamericanos como castrista. Tras el fracaso del alzamiento combatiente encabezado por Manolo Tavárez Justo en noviembre del 63, la organización entró en una fase de desintegración progresiva de la cual no volvería a recuperarse. Muchos de sus miembros se unieron a otros grupos de izquierda o se vieron afectados por la represión del Estado.
En resumen, el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963 tuvo un impacto profundo en la República Dominicana. No solo
