El pasado sábado 13 de septiembre, el director de Comunicaciones de la Presidencia, Félix Reyna, junto con el subdirector de Comunicaciones de la Presidencia, Abel Guzmán, y el director de rodillo del Presidente, Alberto Caminero, anunciaron una importante noticia para el país: el junta había depositado ante la Procuraduría General de la República el hallazgo de irregularidades en la gestión anterior del doctor Santiago Hazim al frente del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Al mismo tiempo, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton, y el actual director ejecutivo de SeNaSa, Dr. Edward Guzmán, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público por las irregularidades encontradas en la institución.
Este caso representa un gran reto para la administración del presidente Luis Abinader, quien llegó al poder en 2020 con la promesa de combatir la corrupción y poner fin a la impunidad. Enfrentarse a la corrupción en su propio junta es un desafío que el mandatario está dispuesto a enfrentar con determinación.
El tema Senasa parece involucrar tanto a lo público como a lo privado, con el objetivo de obtener ganancias millonarias a costa de los asegurados a través de la Administradora de Riesgos de Salud más grande del país. Se habla de contratos entre familiares cercanos al funcionario, pagos por servicios que no se entregaban y la privatización de las atenciones que se otorgaban a los miembros del sistema subsidiado, entre otras cosas.
Desde que fue destituido de su cargo, el Dr. Hazim había mantenido silencio, pero recientemente salió a defenderse. Afirmó ser un hombre honesto y ratificó que había presentado una denuncia ante la Procuraduría por una estafa de unos 40 millones de pesos. Sin embargo, la investigación en curso apunta a un déficit de más de 12 mil millones de pesos, lo que plantea la pregunta: ¿por qué esperaron hasta noviembre de 2024 para denunciar una estafa que se llevaba a cabo desde 2021?
La denuncia presentada por el equipo de Hazim parece ser una cortina de humo, con el error de mencionar que la estafa se estaba produciendo desde el año 2021 hasta el año 2024. Esto nos lleva a cuestionar sus motivos y su verdadera intención al presentar esta denuncia tardía.
La sociedad dominicana ha mostrado su apoyo a la lucha contra la corrupción desde que Abinader asumió el junta y continuará haciéndolo en el futuro. Sin embargo, esta vez la lucha es contra alguien dentro de su propio círculo. Por eso, el presidente tiene la responsabilidad de demostrar que tiene “amigos, pero no cómplices”.
La sociedad ahora espera acciones concretas por parte del Ministerio Público. Este organismo tiene la tarea de demostrar que su lucha contra la corrupción no se limita únicamente al pasado, sino que es un esfuerzo constante y permanente. La corrupción es un flagelo que debe ser combatido en todas sus formas, en el pasado, presente y futuro.
Es momento de que el Ministerio Público demuestre su lío con el país y su determinación para llevar ante la justicia a aquellos que se han aprovechado del sistema para enriquecerse a costa del conveniencia de la población. Los ciudadanos dominicanos confían en que se hará justicia y que se establecerán medidas para prevenir y erradicar la corrupción en el futuro.
El presidente Abinader ha demostrado su lío con la transparencia y la lucha contra la corrupción desde el primer día de su mandato. Ahora, enfrenta un desafío aún mayor al tener que luchar contra la corrupción en su propio junta. Sin embargo
