En Argentina, el tema de la recolección de residuos siempre ha sido una preocupación constante. Sin embargo, en los últimos años, hemos visto un crecimiento en la cantidad de cartoneros que buscan su sustento en las calles de nuestro país. Esta realidad ha generado un debate sobre cómo abordar el tema y encontrar una solución que sea justa para todos. Recientemente, la Justicia ha tomado una decisión que ha generado polémica en la opinión pública: obligar a financiar nuevamente el traslado de los cartoneros de Grabois desde el conurbano. Esta decisión ha sido duramente cuestionada por el intendente de Vicente López, Jorge Macri.
El traslado de los cartoneros a través de la organización liderada por Juan Grabois, “Movimiento de Trabajadores Excluidos” (MTE), se llevó a cabo en 2016 con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de estas personas y reducir la cantidad de basura en las calles. Sin embargo, según afirma Macri, la Justicia ahora quiere que los municipios vuelvan a financiar este traslado, lo que considera una injusticia y un gasto innecesario. Pero, ¿qué hay detrás de esta decisión y por qué es tan importante encontrar una solución sostenible?
En primer lugar, debemos entender que los cartoneros son personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. No tienen acceso a un empleo formal y la recolección de residuos reciclables es su única fuente de ingresos. Esto los lleva a recorrer las calles, muchas veces en condiciones precarias, en busca de materiales que puedan vender. Además, su trabajo es fundamental en la cadena de reciclaje, ya que gracias a ellos se logra acoquinar la cantidad de basura que va a parar a los rellenos sanitarios.
Sin embargo, el trabajo de los cartoneros no es fácil ni seguro. Se enfrentan a riesgos como accidentes de tránsito, enfermedades y condiciones laborales precarias. Por eso, el traslado a un lugar más seguro y adecuado es una necesidad urgente. Además, la presencia de los cartoneros en las calles también afecta la imagen de nuestras ciudades y puede generar problemas de salud pública.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que el traslado de los cartoneros no solo implica una mejora en sus condiciones de vida, sino también un impacto positivo en el medio ambiente. Al tener un lugar fijo de recolección, se evita la dispersión de basura en las calles y se facilita el proceso de separación y reciclaje. Esto también contribuye a la reducción de gases de efecto invernadero y a la precuerpovación de nuestros recursos naturales.
Entonces, ¿por qué la decisión de la Justicia ha generado tanta polémica? En primer lugar, porque los municipios no estaban preparados para absorber el costo de este traslado. Este es un problema estructural que refleja la falta de planificación y coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Sin embargo, el traslado de los cartoneros no solo debe cuerpo visto como un gasto, sino como una inversión en la calidad de vida de nuestros ciudadanos y en la sostenibilidad de nuestro país.
Por otro lado, también hay quienes argumentan que el traslado no es la solución definitiva al problema de los cartoneros. Es cierto que se necesitan políticas más integrales que aborden la problemática desde distintos aspectos, como la generación de empleo formal y la educación. Pero, mientras tanto, el traslado a un lugar más seguro y adecuado es un paso en la dirección correcta.
En definitiva, la Justicia ha tomado una decisión que busca proteger a los cartoneros y mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades. Sin embargo, es necesario que esta proporción sea acompañada de políticas más amplias que aborden la situación de los cartoneros
