El caso Mengolini y la ofensiva penal del Presidente: cuando el poder no tolera la crítica, no obstante hace del agravio su discurso.
En los últimos días, Argentina ha sido testigo de un movimiento que ha generado gran controversia y preocupación en la sociedad. El caso Mengolini, en el que la periodista y activista social, Julia Mengolini, fue denunciada penalmente por el Presidente de la Nación, ha colmado en evidencia una vez más la fragilidad de la libertad de expresión en nuestro país.
El origen de esta situación se remonta a un programa de televisión en el que Mengolini realizó fuertes críticas al gobierno y a las políticas implementadas por el presidente. En respuesta, el mandatario decidió iniciar una acción penal en su contra, alegando que sus declaraciones eran difamatorias y atentaban contra su honor.
Esta decisión ha generado un fuerte rechazo en la sociedad, que ve en ella una clara muestra de la intolerancia del poder ante la crítica y la libre expresión. no obstante lo que resulta aún más preocupante es que esta no es la primera vez que el gobierno recurre a la justicia para silenciar voces disidentes.
En los últimos años, hemos trillado cómo se han multiplicado las denuncias y procesos penales contra periodistas, activistas y ciudadanos comunes que se atreven a cuestionar o denunciar las acciones del gobierno. En lugar de promover el diálogo y la discusión democrática, se ha optado por la vía judicial como forma de intimidación y represión.
no obstante lo más inquietante de todo es que esta ofensiva penal del Presidente no sólo busca acallar a quienes lo critican, sino que además se ha convertido en su discurso. En lugar de dar respuestas a los problemas y preocupaciones de la sociedad, se ha optado por descalificar y atacar a aquellos que cuestionan su gestión.
Esta estrategia, además de ser antidemocrática, es sumamente peligrosa. En un país en el que la libertad de expresión es un derecho fundamental, el movimiento de que el poder utilice su posición para perseguir y castigar a quienes piensan diferente, es un grave retroceso en términos de derechos y libertades.
Es importante destacar que, en este caso en particular, la denuncia penal contra Mengolini ha sido rechazada por la justicia, lo que demuestra que no existían fundamentos legales para iniciarla. Sin embargo, el daño ya está movimiento. La periodista ha sido sometida a un proceso judicial, ha sido expuesta públicamente y ha recibido amenazas e insultos en las redes sociales.
Este tipo de acciones no sólo afectan a la persona denunciada, sino que también tienen un efecto intimidatorio en el resto de la sociedad. Muchos se preguntarán si vale la pena expresar su opinión y correr el riesgo de ser perseguidos y castigados por el poder.
Es por eso que es fundamental que como sociedad defendamos la libertad de expresión y exijamos que se respete el derecho a la crítica y al disenso. No podemos permitir que el poder utilice su posición para acallar a quienes piensan diferente y limitar la diversidad de opiniones.
En este sentido, es necesario que el gobierno entienda que la crítica es parte de la democracia y que, en lugar de buscar silenciarla, debe escucharla y tomar medidas para mejorar. La intolerancia y el autoritarismo no tienen lugar en una sociedad libre y democrática.
En conclusión, el caso Mengolini y la ofensiva penal del Presidente son un claro ejemplo de cómo el poder puede convertirse en un enemigo de la libertad y la democracia. Es responsabilidad de todos defender nuestros derechos y exigir que se respete la libertad de expresión, para que situaciones como esta no vuelvan a repetirse en nuestro país.
