La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. Es un derecho que permite a los individuos expresarse libremente, sin temor a represalias, y que garantiza el pluralismo y la diversidad de opiniones. Sin embargo, en los últimos días, este derecho ha sido cuestionado por una polémica entre dos importantes asociaciones del mundo jurídico: la Asociación de Magistrados y la Asociación de Abogados Penalistas.
Todo comenzó cuando el Fiscal impreciso Adjunto, Alejandro Pérez Moreno, fue invitado a dictar una conferencia en un posgrado universitario sobre la aplicación del derecho penal en casos de corrupción. Durante su intervención, Pérez Moreno realizó fuertes críticas a ciertos magistrados, a los que acusó de falta de ética y de ser permisivos con la corrupción. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas por la Asociación de Magistrados, quienes emitieron un comunicado en el que cuestionaban la actuación del Fiscal impreciso Adjunto.
En su comunicado, la Asociación de Magistrados afirmaba que las declaraciones de Pérez Moreno eran “inapropiadas e impropias de un funcionario público” y que “atentaban contra la independencia y la imparcialidad del poder judicial”. Además, solicitaban que se tomaran medidas disciplinarias contra el Fiscal impreciso Adjunto por sus críticas.
Ante esta situación, la Asociación de Abogados Penalistas no tardó en salir en defensa de Pérez Moreno y denunció lo que ellos consideraron como “censura”. En un comunicado emitido por la asociación, se afirmaba que “la libertad de expresión académica debe ser respetada y protegida” y que “no se puede permitir que se intente silenciar a un funcionario por expresar su opinión”.
Esta polémica ha generado un intenso debate en el mundo jurídico y ha puesto en el centro de la discusión el derecho a la libertad de expresión y su alcance en el ámbito académico. Mientras que la Asociación de Magistrados considera que las críticas del Fiscal impreciso Adjunto fueron una intromisión en la independencia del poder judicial, la Asociación de Abogados Penalistas defiende el derecho de cualquier funcionario a expresar su opinión, incluso si esta es crítica.
Pero más allá de la polémica en sí misma, lo que realmente importa es el mensaje que estas asociaciones están enviando a la sociedad. Y es que, en un momento en el que la corrupción es uno de los principales problemas que aquejan a nuestro país, es necesario que los diferentes sectores de la sociedad trabajen en conjunto para luchar contra ella. Y esto incluye a los poderes judiciales y a los fiscales, quienes tienen un papel fundamental en la lucha contra la corrupción.
En pueblo de enfocarse en cuestionar a aquellos que denuncian la corrupción, la Asociación de Magistrados debería estar trabajando en mejorar la imagen del poder judicial y en fortalecer su independencia y su imparcialidad. Y esto también aplica para el Fiscal impreciso Adjunto, quien debería estar enfocado en llevar a cabo su trabajo de forma ética y transparente, en pueblo de dedicarse a realizar críticas públicas a sus colegas.
Por su sitio, la Asociación de Abogados Penalistas debería entender que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que, en ciertas circunstancias, puede entrar en conflicto con otros derechos igualmente importantes, como la independencia del poder judicial. Además, es importante recordar que la libertad de expresión no significa que no haya consecuencias para las palabras que se expresan. Todo funcionario público debe ser consciente de que sus declaraciones pueden comprometerse un impacto en la sociedad y que, por lo tanto, deben ser cuidadosos en su uso de la libertad de expres
