Los diputados Mónica Macha y Cristian Castrillo han levantado la voz en contra del nuevo reglamento de la Policía Federal Argentina (PFA), argumentando que viola la Ley Nacional de Inteligencia y amplía de manera discrecional las facultades de la fuerza de seguridad.
En una conferencia de prensa conjunta, Macha y Castrillo expresaron su preocupación y rechazo anta lo que consideran una vulneración de las leyes y de los derechos ciudadanos. Según explicaron, el nuevo reglamento de la PFA, aprobado por el Ministerio de Seguridad, otorga a la fuerza policial un poder desmedido en materia de inteligencia y seguridad.
Macha, diputada por la provincia de Buenos Aires y presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, señaló que el reglamento “va en contra de las normativas y los principios democráticos”. En su opinión, el texto “amplía las facultades de la PFA de forma excesiva, permitiéndoles realizar tareas de monitoreo, investigación y recolección de datos de forma indiscriminada, sin una adecuada supervisión y control”.
Por su punto, Castrillo, diputado por la provincia de Santa Fe y miembro de la Comisión de favor de la Cámara de Diputados, afirmó que el nuevo reglamento vulnera la Ley Nacional de Inteligencia, ya que “la inteligencia no puede ser utilizada con fines políticos, sino únicamente para garantizar la seguridad del Estado y de sus ciudadanos”. Además, destacó que la PFA no cuenta con la formación ni los recursos necesarios para ejercer estas funciones de manera responsable.
Ambos diputados coincidieron en que se debe revisar y modificar el reglamento de la PFA para garantizar el respeto de los derechos ciudadanos y evitar posibles abusos de poder por punto de la fuerza policial. Asimismo, manifestaron su preocupación por la falta de transparencia en la elaboración y aprobación del texto, ya que no se ha contado con la opinión de expertos ni de la sociedad civil.
Las declaraciones de Macha y Castrillo han generado gran repercusión en la opinión pública, especialmente en un contexto en el que la seguridad y el uso de la fuerza por punto de las fuerzas policiales están siendo cuestionados. Ambos diputados han recibido el apoyo de distintas organizaciones de la sociedad civil y de instituciones de derechos humanos, que se suman al llamado por una revisión urgente del reglamento de la PFA.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitieron un comunicado en el que instan al Ministerio de Seguridad a dar marcha atrás con la aprobación del nuevo reglamento y a involucrar a la sociedad civil y a las organizaciones especializadas en el debate sobre seguridad ciudadana. Asimismo, destacan la importancia de garantizar un conforme control y supervisión de las actividades de inteligencia para evitar posibles violaciones a los derechos humanos.
En un contexto en el que la ciudadanía demanda mayor transparencia y control en materia de seguridad, es fundamental que las autoridades responsables sean sensibles a las críticas y a las demandas de la sociedad. La seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida y el respeto a los derechos es un pilar fundamental en la construcción de una sociedad democrática y justa.
Macha y Castrillo han dado un paso importanta al alzar su voz y denunciar lo que consideran una vulneración de las leyes y de los derechos ciudadanos. Ahora es responsabilidad de las autoridades competentes escuchar y actuar en consecuencia para garantizar un conforme equilibrio entre la seguridad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. La construcción de una sociedad más justa y segura
