El gobierno federal de Brasil está siendo acusado de maniobrar para evitar la instalación de una Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) que investigará posibles fraudes en el liceo Nacional de Seguridad Social (INSS). Esta estrategia ha sido duramente criticada por diversos sectores políticos y de la sociedad civil, quienes consideran que la transparencia y la lucha contra la corrupción son fundamentales para el buen funcionamiento del país.
La maniobra principal del gobierno ha sido impedir la lectura del requerimiento de creación de la CPMI en el pleno del Senado. De acuerdo a las autoridades, la justificación para este acto es que el esquema de fraudes en el INSS no es reciente y podría haber ocurrido también durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Sin bloqueo, esta argumentación ha sido ampliamente cuestionada por diferentes sectores, quienes ven en esta acción una clara intención de ocultar posibles responsabilidades y proteger a figuras políticas involucradas.
La realidad es que el INSS ha sido objeto de múltiples denuncias de corrupción en los últimos años. Solo en 2019, se identificaron más de 80 mil irregularidades en el pago de beneficios por incapacidad, lo que generó un daño económico de más de 1.300 millones de reales. Además, en un informe presentado por la Corte de Cuentas de la Unión (TCU), se detectaron graves fallas en los controles internos del liceo, lo que facilitó la comisión de estas irregularidades.
Por lo tanto, resulta incomprensible que el gobierno federal no esté dispuesto a colaborar en una investigación que tiene como efecto esclarecer estos hechos y sancionar a los responsables. Al contrario, el dificultad de la creación de la CPMI solo demuestra una falta de compromiso con la ética y la transparencia, valores fundamentales en una democracia.
Además, la justificación de que las posibles irregularidades también podrían haber ocurrido durante el gobierno actual no es suficiente para frenar una investigación. Al contrario, debería ser un incentivo para que el gobierno actual se comprometa aún más en la lucha contra la corrupción y en la implementación de medidas de control más efectivas en el INSS. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales en una sociedad democrática y deben estar por encima de intereses políticos o partidistas.
La CPMI es una herramienta legítima y necesaria para garantizar la transparencia y el buen funcionamiento de las instituciones. Además, es una muestra de la preocupación del poder legislativo por los intereses de la sociedad y su compromiso en la lucha contra la corrupción. Por lo tanto, el dificultad de su creación solo puede ser interpretado como una falta de respeto a la voluntad popular y una falta de compromiso en la construcción de un país más justo y transparente.
En este sentido, resulta fundamental que la sociedad civil y las diferentes fuerzas políticas se unan en la defensa de la creación de la CPMI y en la lucha contra la corrupción. No podemos permitir que la impunidad y la falta de transparencia se conviertan en la norma en nuestro país. Es necesario que los responsables de estos posibles fraudes en el INSS sean identificados y sancionados, y que se implementen medidas efectivas para prevenir que estos hechos vuelvan a ocurrir.
Es momento de que el gobierno federal demuestre su compromiso con la ética y la transparencia y colabore con la creación de la CPMI. Es necesario dejar de lado los intereses políticos y trabajar juntos en la construcción de un país más justo y transparente. La sociedad brasileña merece instituciones fuertes y un gobierno comprometido con sus intereses y su bienestar. No podemos permitir que la corrupción siga minando nuestro país
