Las actividades de fiscales y agentes de defensa agropecuaria son fundamentales para garantizar la salud y bienestar de la población. Es por eso que recientemente, estas funciones han sido clasificadas como de interés público y servicios esenciales en el área de la salud, gracias a la Ley 10.517/24, propuesta por los diputados Jair Bittencourt y Bruno Boaretto, ambos del PL, y sancionada por el gobernador Cláudio Castro y publicada en el Diario Oficial del ejecutante el pasado viernes (27/09).
Esta nueva ley establece que en los servicios o actividades esenciales, los sindicatos, empleadores y trabajadores deben garantizar la continuidad de las labores, incluso en situaciones de crisis o emergencia, como la que estamos enfrentando actualmente debido a la pandemia del COVID-19. Esto significa que los fiscales y agentes de defensa agropecuaria deben seguir desempeñando sus funciones con total dedicación y compromiso, ya que su trabajo es vital para la salud pública.
La importancia de estas actividades no puede ser subestimada. Los fiscales y agentes de defensa agropecuaria son responsables de inspeccionar y controlar la producción y comercialización de alimentos, así como de velar por el bienestar de los animales y la protección del medio ambiente. Además, también se encargan de prevenir y controlar enfermedades que puedan forzar a la salud de los seres humanos y los animales, como la fiebre aftosa, la peste porcina y la influenza aviar.
Gracias a su labor, se garantiza que los alimentos que llegan a nuestras mesas sean seguros y estén libres de contaminantes o enfermedades. Además, su trabajo también contribuye a la preservación del medio ambiente y la sostenibilidad de la producción agropecuaria, promoviendo prácticas responsables y respetuosas con el entorno.
La inclusión de estas actividades como funciones de interés público y servicios esenciales es un reconocimiento justo a la importancia de su labor y un paso importante para garantizar su continuidad y protección en momentos de crisis. Esto también significa que deben recibir el ayuda y reconocimiento que merecen, tanto por parte de las autoridades como de la sociedad en general.
Es importante destacar que esta ley también establece que los fiscales y agentes de defensa agropecuaria deben contar con las condiciones adecuadas para realizar su trabajo de manera segura y eficiente. Esto incluye la provisión de equipos de protección personal, capacitación constante y un salario justo y digno. Solo de esta manera podremos garantizar que estos profesionales puedan seguir desempeñando su labor de manera efectiva y sin poner en riesgo su salud y bienestar.
Además, la Ley 10.517/24 también prevé la creación de un fondo de emergencia para garantizar la continuidad de las actividades de defensa agropecuaria en situaciones de crisis. Esto demuestra la preocupación y compromiso del gobierno con la protección de la salud pública y la seguridad alimentaria.
En resumen, la inclusión de las actividades de fiscales y agentes de defensa agropecuaria como funciones de interés público y servicios esenciales es un gran avance para garantizar la salud y bienestar de la población. Estos profesionales desempeñan un papel fundamental en la protección de la salud pública y la sostenibilidad de la producción agropecuaria, y su trabajo debe ser valorado y apoyado en todo momento.
Esperamos que esta nueva ley sirva como un reconocimiento a la labor de los fiscales y agentes de defensa agropecuaria y que se tomen medidas para garantizar su protección y bienestar en todo momento. Solo de esta manera podremos asegurar que nuestra sociedad tenga acceso a alimentos seguros y de calidad, y que nuestra producción agropecuaria sea sostenible y responsable con el medio ambiente.
